Esperando al furgón del dinero: cuando tener un cajero a la vuelta de la esquina es un lujo

Una vez al mes, un bibliobús enfila las calles de Matilla de los Caños del Río, un pequeño municipio salmantino de 627 habitantes. Hace lo mismo en Pedrosa de la Armuña (216) o en Aldearrubia (486). El vehículo, dotado además con un cajero automático, es la fórmula que ha encontrado la Diputación de Salamanca para garantizar que los vecinos de estas localidades tengan acceso a dinero en efectivo. Es un problema que recorre el mundo rural, una realidad, azuzada por el cierre de sucursales, que ha empujado a muchos alcaldes a salir a la calle, y que en el caso de los mayores se agrava por su falta de manejo con las nuevas tecnologías. A la reivindicación de que la banca dispense un trato digno, humano y cercano a sus clientes veteranos, se une la petición de que se mantengan abiertas las oficinas o se brinde algún tipo de alternativa. El clamor se extiende por todo el país, pero en la contienda electoral de Castilla y León, el candidato socialista, Luis Tudanca, ha sido el primero en mover ficha, prometiendo que si llega a la Junta romperá con aquellas entidades financieras que no cumplan con estas dos exigencias.

La cuestión no es baladí. El 19% de los habitantes de Castilla y León tiene más de 70 años, y como explicaba en esta información el director del Observatorio Electoral de El Confidencial, Ignacio Varela, el electorado de mayor edad sigue siendo fiel al bipartidismo. La comunidad ejemplifica el problema a la perfección. Los mayores de la región no tienen directamente quien les atienda detrás de una ventanilla. Ni bien ni mal. Ni con mayor paciencia o sin ella. No hay nadie. 365.000 personas, el 15% de la población de la región, no tienen acceso a un punto para la retirada de dinero en efectivo, según datos de un estudio del Banco de España. 1.875 municipios, es decir, el 83,41%, no tiene oficina bancaria, según el mismo informe. La autonomía es la que peores datos registra de todo el país.

De ahí los bibliocajeros móviles salmantinos. La Diputación puso en marcha la experiencia el pasado noviembre con el objetivo de luchar contra la "desertización financiera", una realidad que en la provincia, según cifras de la propia institución, "afecta a más del 80% de los 362 municipios". 129 localidades se han beneficiado de la iniciativa y, especialmente, la gente de más edad, el colectivo que tiene mayores problemas para desplazarse a otros pueblos con sucursal, apuntan desde la institución. La idea es sencilla, los vehículos van dotados de un cajero multimarca que permite la retirada de efectivo independientemente de la entidad bancaria a la que se pertenezca. Eso sí, previo pago de una comisión de un euro. El coste del servicio, 18.000 euros al año, lo asume la Diputación, que ha instalado cajero en dos de los tres bibliobuses que recorren la provincia.

En pie de guerra

Sin embargo, en la comunidad con mayores problemas para acceder a un punto de retirada de dinero en efectivo, Zamora es la provincia con peores datos. 47.354 vecinos, el 27,8%, y 201 municipios no tienen cajero. "Y la tendencia es que van a cerrarse más. No les preocupamos. Solo somos números. Las entidades buscan lo que es rentable y nada más", argumenta resignado Luis Alonso, presidente de la delegación en Zamora de la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España. Por eso insiste en que solo la administración puede frenar el cierre de sucursales, bonificando de alguna forma la apertura de instalaciones o poniendo sobre la mesa otro tipo de alternativas, al estilo de lo hecho en Salamanca.

Las sucesivas fusiones y absorciones en el sector financiero han borrado del mapa las antiguas cajas de ahorro que se extendían por el país, el impulso además de las nuevas tecnologías y la propia remodelación del sector son otros de los ingredientes que han provocado un goteo constante de cierres en los pequeños pueblos. "La población se está quedando sin atención y eso es algo tremendo. Tú tienes tu dinero, tu cuenta de ahorros, pero no puedes acceder a esos fondos", denuncian fuentes de la Diputación de Zamora. La institución baraja la instalación de cajeros en edificios públicos, pero más allá de la búsqueda de alternativas ha decidido dar un golpe en la mesa.

Si Tudanca se ha comprometido a que solo podrán colaborar con la administración —"cobrar impuestos, acceder a nuestra deuda, seguir en la plataforma financiera…"—, aquellas entidades que dispensen un trato digno y no cierren sucursales, la Diputación de Zamora directamente cancelará sus cuentas con Unicaja si recorta el servicio que presta en el mundo rural. Al órdago se han sumado las mancomunidades de la provincia y ayuntamientos ante la posibilidad de que la entidad baje la persiana de 12 de sus 19 oficinas.

Desde Unicaja, sin embargo, resaltan los esfuerzos hechos para mantener el servicio en las zonas rurales del conjunto del país y de la comunidad en particular. "La entidad está trabajando en la búsqueda de fórmulas de colaboración con las administraciones y agentes económicos. Asimismo, se está avanzando con carácter general en la futura implantación, también en Castilla y León, de un servicio de atención remota a través de gestores asignados, y se analizan opciones tecnológicas para obtener efectivo a través de comercios en el ámbito rural", defienden fuentes del banco.

La entidad, referente financiero en Castilla y León, dispone de 225 oficinas y 102 agentes financieros que se desplazan a los municipios para prestar atención a los clientes en las zonas rurales. Un modelo, según las mismas voces, que "permite la presencia de la entidad en pequeños municipios, proporcionando atención de manera presencial, y contribuyendo a evitar la exclusión financiera. Desde el año 2020 Unicaja Banco ha doblado el número de agentes en la región, prestando un servicio especialmente valorado por los clientes de zonas con poca población".

"Queremos hechos"

Ante el compromiso de Tudanca, Alonso, que lleva 12 años al frente de la entidad de jubilados de Zamora, asegura que hace tiempo se cansó de escuchar promesas que luego nadie cumple. "Nuestra decepción es tal, que lo único que queremos son hechos. No palabras bonitas cuando llegan las elecciones", añade. "Es un cúmulo de cosas, si se quiere dar asistencia al mundo rural, hay que dar facilidades. ¿La banca qué es? Es una empresa que se dedica a ganar dinero, pues algo hay que hacer para que se quede". El jubilado detalla que los problemas a los que se enfrentan los mayores a la hora de hacer gestiones con los bancos son múltiples. Desde el desconocimiento de las herramientas digitales a no saber cómo actualizar la cartilla en un cajero. Eso, puntualiza, para quiénes tienen acceso a este tipo de instalaciones.

Es un colectivo acostumbrado a manejar dinero en efectivo, además la adaptación de los comercios en el mundo rural a otros tipos de pago no puede compararse a las posibilidades de las grandes ciudades. Y, por supuesto, está la brecha digital. Según datos del INE de 2021, un 31,8% de las personas mayores de 74 años había utilizado internet en los tres últimos meses y un 20,6%, a diario, mientras que solo un 7% había hecho alguna compra 'online' en los tres meses previos.

Y aunque Tudanca fue el primero en subirse a la ola de una reivindicación social que recorre el país al calor de iniciativas como la protagonizada por un jubilado de Valencia, que ha conseguido más de 480.000 firmas en change.org para que la banca garantice un trato personalizado, los colectivos que componen la España Vaciada llevan tiempo denunciando esta realidad. Un problema al que en plena precampaña también echaba el lazo el Gobierno central. Precisamente, a las puertas de la contienda electoral, el pasado 21 de febrero, en Salamanca, la vicepresidenta Nadia Calviño anunció que había dado un mes de plazo a la patronal de la banca para que presente una batería de medidas para asegurar una atención digna a los mayores, con un foco especial en el "mundo rural".